Justicia exige una indemnización no menor de mil millones de dólares a los demandados.
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que, por primera vez, el Gobierno de Puerto Rico presentó una demanda contra empresas multinacionales de energía y petroquímica y sus subsidiarias para recobrar los daños ambientales ocasionados a la Isla mediante prácticas comerciales ilegales.
A través del recurso legal, presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el Departamento de Justicia exige una indemnización no menor de mil millones de dólares a los demandados Exxon Mobil Corporation, BP P.LC., Chevron Corporation, Chevron Phillips Chemical Puerto Rico Core, LLC, ConocoPhillips, Shell PLC, Station Maangers of Puerto Rico, Inc., TotalEnergies y TotalEnergies Marketing PR Corp.
El Departamento de Justicia argumenta que, a pesar del conocimiento de estas compañías de que sus productos han causado y seguirán causando daños severos y contaminación en Puerto Rico y sus recursos naturales, los demandados han distribuido, comercializado y promocionado sus productos en la Isla a través de prácticas injustas y engañosas realizadas en el comercio. La demanda sostiene que los demandados no dieron las advertencias apropiadas en torno a los riesgos asociados con el uso previsto de sus productos, sino que los promocionaron indebidamente, ocultando a la ciudadanía los peligros de los que eran conscientes. Asimismo, implementaron campañas sofisticadas de comunicación y relaciones públicas para engañar al público sobre los efectos del uso de combustibles fósiles.
En consecuencia de ello, el Pueblo de Puerto Rico ha incurrido e incurrirá en miles de millones de dólares en costos para limpiar los desastres causados por el cambio climático, como la erosión costera causada por el aumento al nivel del mar, la formación de tormentas cada vez más frecuentes y graves, inundaciones extremas, destrucción de arrecifes de coral y bosques de manglares, degradación de la calidad del aire y del agua, pérdida de hábitats y especies, entre otros impactos devastadores del cambio climático en la Isla.
“Estas compañías han conocido internamente desde hace décadas que la contaminación de gases de efecto invernadero proveniente de productos de combustibles fósiles tendría impactos adversos en el clima mundialmente y el nivel del mar. Con ese conocimiento, tomaron medidas para proteger sus propios activos de los daños y riesgos climáticos, a través de una inmensa inversión interna en investigación, mejoras de infraestructura y planes para explotar nuevas oportunidades comerciales en un mundo en calentamiento. Sin embargo, no advirtieron verazmente a los consumidores puertorriqueños sobre las consecuencias del uso y la quema de combustibles fósiles en la Isla, así como su impacto sobre el medioambiente. Ya es hora de que ellos mitiguen los daños que le han causado a Puerto Rico y que no sean los puertorriqueños quienes paguen la cuenta”, sentenció el secretario de Justicia.
La demanda alega que, hasta el día de hoy, los demandados continúan engañando al público. Esto, mediante la promoción de manera falsa y engañosa de sus productos como beneficiosos para el clima y a ellos mismos como defensores del cambio hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, sin advertir que el consumo de sus productos es el principal impulsor del cambio climático.
Además de los daños causados al medioambiente, la demanda presentada incluye causas de acción por actos o prácticas injustas y engañosas en el comercio, responsabilidad por los daños que causan los productos, estorbo público y daños punitivos, porque los actos u omisiones culposos de los demandados se realizaron de forma dolosa o con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad.
Esta acción busca, además, obligar a los demandados a contribuir a un fondo equitativo para mitigar los daños actuales que la conducta ilegal de los demandados ha causado a Puerto Rico. Igualmente, persigue fortalecer la infraestructura pública contra el aumento del nivel del mar y los daños de las tormentas, la restauración de recursos naturales, la financiación de medidas locales de resiliencia climática y la reconstrucción de barreras naturales para proteger a las comunidades del aumento del nivel del mar y los fenómenos atmosféricos influenciados por el clima.
La demanda, que se originó tras un estudio realizado por el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico en el año 2022, está fundamentada en la Ley Sobre Política Pública Ambiental, la Ley Antimonopolística de Puerto Rico, el Código Civil de 2020 y el Código de Enjuiciamiento Civil.