La vista pública reveló lo que ya por mucho tiempo se sabía, que la poca o nula reglamentación de la relación contractual de las aseguradoras con los proveedores de salud y los pacientes ha provocado un agravante a la crisis que vive el sistema de salud.
En aras de buscar soluciones a la crisis en los servicios de salud, la Comisión de Salud que preside el senador Rubén Soto Rivera retomó el proceso de vistas públicas para indagar sobre la prestación de servicios de salud en Puerto Rico.
“El asunto de esta vista es precisamente porque hay una crisis … Estas vistas, son unas vistas para tener soluciones y para, si ustedes entienden que hay un proyecto que hay que enmendar, usted así lo establece y si es una orden administrativa usted así nos lo hace llegar…. Costos versus pagos, puede ser el problema, no tengo la menor duda, pero la solución necesito que salga de cada uno de ustedes porque para eso van a hacer estas vistas”, expresó Soto Rivera a los deponentes.
Esta audiencia responde a la Resolución del Senado 146 y es la segunda que realiza la comisión, que en esta ocasión citó a deponer al Dr. Carlos Díaz, presidente Colegio de Médicos Cirujanos y el Lcdo. Víctor García; el Dr. Israel Ayala y la Lcda. Michelle Agostini de la Administración de Servicios Médicos (ASEM); y la Lcda. Raquel Vera de la Administración de Seguros de Salud (ASES).
Durante su ponencia ASES reconoció que “desde mediados del mes de mayo se han destinado los recursos disponibles para lograr el pago a los proveedores, por parte de las aseguradoras contratadas bajo el Plan Vital”. Y añadió que “en las próximas contrataciones (a partir de enero de 2023) se propone incrementar en un 5% adicional la tarifa a los hospitales, así como la apertura al proceso de fiscalización de los recursos financieros y la distribución de estos a nuestros proveedores de salud”.
A preguntas del senador Soto Rivera sobre cuántos empleados hay en ASES, la licenciada Raquel Vera expresó que hay unos “60 empleados” aproximadamente; a cargo del área de cumplimiento hay alrededor de cinco empleados, además de dos oficiales examinadores.
El también presidente de la Comisión preguntó sobre cuántas querellas tiene la agencia; a lo que la deponente Vera dijo que “ASES del 2018 al 2022 se han recibido alrededor de 12,800 reclamaciones”. Asimismo, dijo que actualmente hay dos oficiales examinadores para atender las querellas.
Por su parte, ASEM endosó de manera categórica y sin reservas la presente investigación, “el proceso investigativo permitirá crear conciencia, visibilidad y la posterior unión de propósitos para fortalecer nuestro sistema de salud”.
“Con la implementación de la Reforma de Salud del 1993, el modelo económico del Centro Médico cambió por completo. Desde ese momento se creó la ficción presupuestaria de que las pocas facilidades de salud que quedaron en las manos del gobierno debían generar sus propios ingresos.
Desde entonces, los presupuestos anuales de la ASEM dejan en manos de las facilidades el generar sus propios ingresos, bajo la abstraída idea de que, si un hospital en manos privadas genera ingresos y es una operación rentable, lo mismo deben hacer los hospitales del Gobierno. De entrada, es imperativo reiterar que esta ficción presupuestaria es la principal crisis económica que sufren nuestras facilidades”, denunció el Dr. Israel Ayala de ASEM.
Ayala añadió que “en términos económicos, el único que se beneficia del servicio que ofrecemos son los planes médicos que no pagan tarifas justas por los servicios que ofrecemos en nuestros hospitales públicos tomando ventaja de que en el centro médico no le vamos a negar el servicio a ningún paciente que lo requiera”.
Además, Soto Rivera cuestionó “¿quién del Ejecutivo, si alguno, pone las reglas del juego?”. “Hay que generar leyes que le den herramientas a las mismas instituciones gubernamentales para nosotros poder trabajar el asunto”, respondió el Dr. Ayala.
En términos iguales, el Colegio de Médicos Cirujanos expresó que “lleva años compareciendo a estas investigaciones y promoviendo proyectos de ley para reglamentar la relación contractual de aseguradoras con proveedores y pacientes”.
El Dr. Carlos Díaz, presidente Colegio de Médicos Cirujanos puntualizó que “hay que legislar para obligar a las aseguradoras a que, mediante estudios actuariales, revisen las tarifas que pagan a los proveedores de servicios de salud, así como en el sistema público, también el privado que representa el 60% de la población. Ya estos estudios actuariales se realizan para aumentar año tras año las primas que pagan las asegurados, lo justo es que también se revisen las tarifas que se pagan”.
Asimismo, Díaz destacó que “el denominador común en este proceso [son] los planes médicos y las aseguradoras [que] han gana millones y millones en Puerto Rico [y están] para el lucro, antepone el lucro y los profesionales de la salud se nos están yendo”.
“Vamos a estar trabajando legislación para atajar el problema y confiamos en que los senadores en el pleno y los representantes en el cuerpo hermano también den paso para que podamos tener soluciones inmediatas”, finalizó el senador Rubén Soto Rivera y quien dijo que se harán más vistas públicas.